La Consejería de Política Territorial y Memoria Democrática envió la propuesta para iniciar la negociación de la Ley de Concordia a la Generalitat Valenciana. La nueva norma busca reconocer a todas las víctimas de violencia social, política, terrorismo o persecución ideológica y religiosa.
Ambas administraciones están en proceso de negociación, siguiendo la ley del Tribunal Constitucional. La Generalitat tiene hasta el lunes 30 para aceptar o rechazar la propuesta de diálogo. En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco enterró la ley después de que Vox abandonara su gobierno.
La oposición del Gobierno a la Ley Concordia se basa en su invasión de competencias estatales y su falta de respeto a la Constitución. El texto ha sido comparado con la ley suspendida en Aragón por el Tribunal Constitucional, por considerar que reduce los derechos y la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Los servicios jurídicos argumentan que la ley no respeta el consenso sobre las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, compromete el derecho a la verdad y a la reparación, y se enfrenta a aspectos importantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También señalan que la norma no se ajusta a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Según los servicios jurídicos, la Constitución establece que las normas sobre derechos fundamentales se deben interpretar de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, excluyendo la Ley Valenciana de la Concordia.
El Gobierno considera necesario recurrir a los tribunales si no se llega a un acuerdo en las negociaciones. La controversia sobre la Ley de Concordia en la Comunidad Valenciana es un tema de interés internacional que refleja los desafíos en la protección de los derechos humanos y la memoria democrática.
