La Asociación de Jueces para la Democracia (JJpD) exige protección para el pueblo saharaui detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas, violando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La JJpD recuerda la obligación de España de garantizar a los solicitantes de asilo permanecer en territorio español durante el análisis de sus casos, en referencia al riesgo que corren los saharauis en su territorio.
Actualmente, hay 35 solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, denunciando condiciones de hacinamiento, falta de higiene y atención médica, con doce de ellos en huelga de hambre y Sumar rechazando su deportación.
Al denegarles el asilo, Interior va en contra del criterio favorable de ACNUR, ONU, Human Rights Watch y Amnistía, además de la Audiencia Nacional iniciando causas contra militares marroquíes por delitos contra el pueblo saharaui.
La JJpD pide al Ministerio del Interior garantizar los Derechos Humanos de los solicitantes de asilo, cumpliendo con la legislación vigente y adoptando un enfoque para la protección de los derechos humanos, de género y de la infancia.
La vicepresidenta María Jesús Montero defendió que el Gobierno cumple los protocolos del derecho internacional en el aeropuerto, destacando que España es solidaria y el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo.
Sumar propone destinar 10 millones de euros a un fondo de ayuda humanitaria para cubrir la alimentación básica de los refugiados saharauis hasta finales de 2024 y el incremento de partidas en los Presupuestos Generales del Estado.
