La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como comisión “garrote”, proyecta elevar su conclusión final a la Fiscalía y endurecer las leyes para ejercer más control sobre las organizaciones sin fines de lucro.
Amarilla mencionó que la comisión investiga posibles fondeos que se dieron a candidaturas ignorando la ley de financiamiento político. Indicó que la Constitución Nacional prohíbe que los partidos y candidatos reciban financiamiento externo.
“Empezaron a saltar cuestiones llamativas de personas vinculadas a organismos sin fines de lucro que recibieron fondos a través de la cooperación internacional y que posteriormente se convirtieron en candidatos”, apuntó.
Sin embargo, hasta ahora ninguna institución confirmó tal hipótesis. El contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que hasta ahora no encontró qué candidaturas fueron financiadas por ONG.
