Diputados tienen tiempo hasta el 23 de abril para definir si la Contraloría General de la República (CGR) se convertirá en un “florero” o mantendrá su potestad de auditar a municipalidades, gobernaciones y otras instituciones. El presidente Santiago Peña vetó la ley y dió luz verde para que se “puentee” a la CGR y se opte por el benigno Tribunal de Cuentas.
El plazo para levantar el veto fenece el próximo 24 de abril. La Comisión de Legislación recomendó el pasado 19 de marzo rechazar la objeción presidencial. Pero sigue sin ser incluido en el orden de Diputados.
Argumento de Peña
La legislación sancionada en el Congreso establece que la Contraloría será la única institución que puede recibir la rendición de cuentas y no el Tribunal de Cuentas como vienen haciendo algunas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, algunas gobernaciones y municipalidades, que obtuvieron la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué hizo Peña? Vetó el proyecto de ley y permite el “puenteo” a la Contraloría, lo que habilita a las autoridades a presentar un balance “imperfecto” o distorsionado ante el Tribunal de Cuentas, que ni siquiera objeta los números dibujados.
Para vetar la ley y buscar algún sustento jurídico, Peña solicitó un parecer de la Corte -institución beneficiada por el “puenteo-. La máxima instancia judicial le contestó a Peña que no es viable la promulgación como se sancionó en el Congreso porque supuestamente no pone fin a la disputa entre CGR y Tribunal de Cuentas, sino que más bien la profundiza e incrementa la inseguridad jurídica porque se presentarán más acciones de inconstitucionalidad, y ya hay precedentes con una ley similar del 2003. El proyecto fue presentado en el 2022 por los entonces diputados liberales Edgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño y Carlos María López.
