Hoy vence la quinta prórroga que Petropar concedió a la firma catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. A nueve meses del contrato, la empresa aún no entregó una sola gota de gasoil, mientras la estatal maneja con total hermetismo una posible sexta extensión que, una vez más, solo postergaría la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento por más de 3 millones de dólares.
Sin embargo, la firma extranjera volvió a incumplir la entrega de las 100.000 toneladas de gasoil comprometidas por un valor de US$ 61 millones. Nueve meses después de la firma del contrato, y pese a las sucesivas extensiones, la empresa —también representada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani— sigue sin cumplir y, una vez más, espera que la petrolera estatal le conceda más tiempo.
“Estamos insistiendo, tenemos videoconferencias con esta gente prácticamente todos los días, y nos dicen que hoy (por el lunes 23 de junio) tendremos una información definitiva, porque esta última adenda vence el 30”, fue lo último que comunicó Jara. Aclaró además que la postergación solo se otorgaría si la empresa catarí demostraba que “esta vez haría algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora”.
Petropar evita ejecutar la garantía con las prórrogas
Cabe recordar que el contrato original fue firmado el 30 de septiembre del año pasado, bajo el argumento de una compra “urgente por oportunidad” y la empresa catarí debía entregar todo el carburante entre octubre y noviembre de 2024. Sin embargo, las múltiples prórrogas concedidas contradicen ese carácter urgente.
La Ley 7021, en su artículo 67, permite modificar hasta un 20% del monto o del plazo del contrato, y solo si existen circunstancias imprevistas que no otorguen ventajas frente a las condiciones originales. En este caso, la empresa no cumplió con los plazos previamente definidos, y ya se le concedieron extensiones que podrían estar vulnerando esta normativa.
Sospechosa última adenda
La falta de transparencia en este proceso, amparado bajo el “procedimiento especial” de contratación —que permite la publicación posterior de los documentos—, ha dificultado el seguimiento ciudadano en tiempo real. Esto podría estar siendo utilizado para modificar documentos oficiales una vez firmados.