Estados Unidos respalda a Argentina en disputa por acciones de YPF: implicaciones y reacciones
El gobierno de Estados Unidos ha brindado apoyo a Argentina en su disputa legal con un grupo de accionistas de la petrolera YPF, intensificando la atención internacional sobre el caso. Este respaldo se formalizó el viernes, cuando el Departamento de Justicia estadounidense presentó un documento como “Amigo del tribunal” ante la Cámara de Apelaciones, en el que se opone a una orden judicial favorable a los demandantes que exige al estado argentino entregar el 51% de sus acciones de YPF.
La Cámara de Apelaciones, tras recibir este apoyo, decidió suspender temporalmente la orden original emitida por la jueza Loretta Haste. Este fallo busca evitar conflictos legales inminentes y asegurar que la resolución del litigio se lleve a cabo de manera correcta. La decisión ha generado un notable alivio en el entorno gubernamental argentino, que enfrenta una considerable presión internacional debido a este prolongado litigio.
El Departamento de Justicia de EE. UU. argumentó que los principios de inmunidad soberana extranjera son fundamentales para el caso, enfatizando que su incorrecta aplicación podría tener repercusiones sustanciales en las relaciones internacionales y en la protección de activos estadounidenses en el extranjero. Este razonamiento, según el Departamento, sería crucial para preservar el principio de reciprocidad en el tratamiento de inversiones y empresas en diversos territorios.
Manuel Adorni, puerto presidencial argentino, manifestó su satisfacción por el respaldo estadounidense, resaltando que tanto el gobierno de Donald Trump como el actual de Joe Biden han apoyado la posición argentina. Este apoyo es especialmente relevante dado que los demandantes, que buscan recuperar más de 16 mil millones de dólares en compensación, han presionado para que Argentina transfiera el control de YPF a los fondos de inversión involucrados en el litigio.
Ante el respaldo de EE. UU., los demandantes, que incluyen los fondos Burford y Eton Capital, han comenzado a replantear su estrategia. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló que no desean gestionar una compañía petrolera y están en busca de la mejor solución para devolver las acciones. No obstante, se oponen a que la apelación argentina prosiga sin que el país deposite una garantía que respalde su apelación.
Este litigio proviene de la controvertida renacionalización de YPF en 2012, considerada la causa de mayor costo para el estado argentino fuera de sus fronteras. El caso, que se inició en 2015, se ha convertido en un hito legal tras las acciones del gobierno de Cristina Kirchner, que acordó una compensación de cinco mil millones de dólares a la empresa española Repsol tras la expropiación del 51% de sus acciones en YPF. Aunque el gobierno fue decidido en recuperar el control estatal, dejó de lado a otros accionistas, lo que desencadenó la actual disputa.
Burford Investment Fund, especializado en litigios internacionales, adquirió los derechos de dos sociedades del grupo argentino Petersen, que se había declarado en quiebra en España y poseía un 25% de YPF. A partir de esta adquisición, Burford presentó una demanda millonaria en EE. UU., argumentando que Argentina no cumplió con las normativas, especialmente respecto a la OPA que debería haberse realizado para la participación mayoritaria.
Argentina sufrió un revés en la primera instancia, y la justicia estadounidense le ordenó el pago de 16.1 mil millones de dólares más intereses a los demandantes. Con la mirada puesta en revertir esta decisión, el país sudamericano ha comenzado a apelar en un tribunal superior, lo que podría cambiar el rumbo del caso y la trayectoria económica de YPF.
En medio de este contexto, Burford y Eton Capital han intentado negociar un acuerdo extrajudicial, aunque el gobierno argentino se niega a comprometerse con "partes exigentes". Adorni, reafirmando la postura de su administración, declaró el viernes que cualquier intento de negociación que carezca de buena fe será categóricamente rechazado, reafirmando la decisión de combatir este litigio con todas las herramientas legales a su disposición.
Este caso no solo marca un capítulo importante en la historia económica de Argentina, sino que también pone de relieve las complejidades de la inversión extranjera y el papel de los gobiernos en la defensa de sus empresas estratégicas. La situación de YPF y su futuro continúa siendo un tema de profundo interés dentro y fuera del país, ya que su desenlace podría tener consecuencias significativas para las relaciones comerciales internacionales y la política energética de Argentina.