El Gobierno Argentino Anuncia Privatización de Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA)
El ejecutivo de Javier Milei ha decidido privatizar la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA), marcando un cambio significativo en la política de gestión de servicios públicos en el país. Esta decisión fue anunciada por el presidente Milei, quien detalló que el 90% de las acciones de AYSA serán transferidas a accionistas privados, a través de un esquema mixto que incluirá licitación pública tanto a nivel nacional como internacional.
La privatización es parte de un plan más amplio que el gobierno ha estado preparando durante varios meses. Inicialmente, AYSA fue incluida en la "Ley de Omnibus", que estableció un listado de empresas estatales cuya participación se pretendía revisar. Como parte de este proceso, se ha llevado a cabo una reestructuración significativa en la plantilla laboral, reduciendo el número de empleados de 7,800 a menos de 6,400 en algo más de un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). AYSA proporciona agua potable y servicios de alcantarillado a aproximadamente 3.8 millones de hogares en la Ciudad de Buenos Aires y otros 26 municipios del área metropolitana.
El anuncio de la privatización llega en un contexto financiero complicado para la empresa. A finales de marzo, la compañía reportó un resultado operativo positivo de 104 mil millones de pesos argentinos para 2024, contrastando con un déficit proyectado de 230 millones de pesos para 2023. Esto se produjo en un momento en que el gobierno del ex presidente Alberto Fernández había mantenido las tarifas de los servicios públicos fijas para evitar aumentos en un contexto de inflación creciente.
El vocero del gobierno, Manuel Adorni, ha criticado a las administraciones anteriores, señalando que la última gestión, liderada por Malena Galmarini, esposa del actual candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, dejó a la empresa con un gasto desmesurado. Adorni afirmó que se encontraron más de 4.8 mil millones de pesos que fueron mal administrados durante la gestión anterior, lo que refuerza la justificación del actual gobierno para llevar a cabo la privatización.
El proceso de privatización se llevará a cabo mediante la emisión de dos decretos. El primero detallará el estado financiero actual de AYSA, y el segundo permitirá la venta, introduciendo modificaciones en la estructura regulatoria. El gobierno planea aprobar los términos de concesión en la segunda mitad del año, con el objetivo de realizar el llamado a interesados a finales de 2025 y lograr la firma de contratos en la primera mitad de 2026.
Este enfoque recuerda los procesos de privatización implementados por el ex presidente Carlos Menem en la década de 1990. En mayo de 1993, Menem entregó la concesión de la empresa de servicios de salud (OSN) a un consorcio con participación de Suez Lyonnaise des Eaux y Aguas de Barcelona. La experiencia de privatización de Menem ha sido objeto de análisis y crítica en los años posteriores, ya que generó tanto beneficios económicos como desafíos significativos en el acceso a servicios básicos.
AYSA fue previamente conocida como Aguas Argentinas hasta su nacionalización en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Durante su gestión, la empresa alegó problemas con las tarifas congeladas y acusó al estado de incumplir sus compromisos. En respuesta a estas alegaciones, la compañía llevó a Argentina ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), resultando en una indemnización de 384 millones de dólares. Esta historia de conflictos ha planteado dudas sobre el futuro de la gestión del agua en el país.
La privatización de AYSA ha suscitado reacciones encontradas entre los sectores políticos y la población. Mientras algunos argumentan que la participación privada puede generar eficacia y modernización en el servicio, otros alertan sobre los riesgos de desregularización y la posible limitación del acceso a un recurso esencial como el agua. A medida que avanza el proceso, se espera un debate público intenso sobre las implicaciones de esta política para la sociedad argentina.
Con esta medida, el gobierno de Javier Milei sigue adelante con su agenda de cambio, priorizando la reducción del gasto público y la búsqueda de inversión privada. No obstante, los desafíos que enfrenta el país en términos de infraestructura y gestión de servicios son complejos y requieren una consideración cuidadosa de las necesidades de la población. La privatización de AYSA podría ser un punto de inflexión en la dirección que toma Argentina en el manejo de sus recursos hídricos, pero resta por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos meses.