– Lo que puedo decir claramente es que desde que ingresé nunca he sentido ningún intento de sometimiento de parte de otros poderes del Estado. Salvo de repente que algún juez o jueza tenga una situación muy particular, que sería ya una cuestión personal, no institucional, hoy no se puede decir que el Poder Judicial está sometido a otros poderes. Desde la Corte nosotros también permanentemente hacemos el esfuerzo para ratificar y consolidar la independencia, la autonomía.
Otro caso, sobre el tema transparencia: nunca antes el pleno de la Corte recibió en audiencia al contralor y al subcontralor general de la República. La Corte habilitó la posibilidad de que la Contraloría acceda al banco de datos de la Corte y, a partir de ahí, la Contraloría viene realizando examen de correspondencia patrimonial a magistrados y magistradas. Nunca eso se dio en el Paraguay. La Contraloría audita permanentemente las cuentas del Poder Judicial.
– Estamos avanzando en el combate a un problema estructural que tiene que ver con la lentitud en la resolución de casos y la llamada mora judicial. Los jueces hacen informes periódicos a la Corte. Pero no nos quedamos ahí. A partir de este año hemos resuelto hacer la verificación in situ en los juzgados, en forma aleatoria, para comprobar si los informes de los jueces y juezas tienen sustento en la realidad.
– Al contrario, el Poder Judicial es el más fuerte de los poderes públicos. Le puedo asegurar que esta Corte Suprema, esta Sala Constitucional, no va a dudar un segundo para declarar inconstitucional cualquier acto de otro poder del Estado si comete actos inconstitucionales, por lo tanto este es el poder más fuerte. Tenemos la suficiente autonomía e independencia para tomar nuestras decisiones, de acuerdo a lo que nosotros entendemos es la Constitución de la República del Paraguay, una de las constituciones más avanzadas del mundo.
– De hecho ya habíamos estado conversando entre los ministros. Consultamos también a expertos del exterior. En estos días estuvo por aquí un gran maestro del derecho, el argentino Rodolfo Vigo. La cuestión es si la restitución se puede hacer discrecionalmente o hay que tener motivos fundados. En un Estado constitucional democrático como el nuestro, desde mi perspectiva ningún poder del Estado tiene potestad para ejercer arbitrariamente en contra de la Constitución. Si otro concluye que el Congreso puede restituir la inmunidad suspendida, hay que evaluar si esa restitución está motivada válidamente conforme a la Constitución. Es una discusión interesante que se podía dar pero se termina porque el Senado revocó su decisión.
– Allí la reacción del Poder Judicial fue muy clara. Cuando el fiscal (Silvio Corbeta) planteó lo suyo, el juez (Osmar Legal) tomó una decisión muy clara. Admito que esa decisión a mí también me puso muy feliz. Permanentemente yo les recuerdo a los jueces: “ustedes son autónomos para interpretar la Constitución”, “tomen sus decisiones de acuerdo a su interpretación constitucional”. En todo caso estamos nosotros, la Corte, para respaldarlo o para decidir en última instancia. Yo no quiero escuchar el “no puedo”, “tengo miedo”, “dudo”. El juez tiene que interpretar la Constitución y decidir. Es lo que hizo este juez mucho antes que el Senado revocara su decisión. Usted preguntó por un mensaje claro. Ese fue un mensaje muy claro del Poder Judicial. Fue una decisión valiente del juez.
– Exactamente, coraje cívico para tomar una decisión así. De paso se confirma mi tesis en el sentido de que los jueces tienen que resolver sin esperar que la Corte diga lo que tienen que hacer. Eso es tener autonomía para tomar decisiones sin pedir la bendición de la Corte Suprema. Me gusta que esa autonomía se vaya consolidando progresivamente.
– Estamos superando muchísimo. Los jueces de ejercer su autonomía, interpretar y decidir según sus paradigmas, según la doctrina que consultan sin depender de nadie, ni siquiera de la Corte.
– Quién les garantiza es el problema
– La Corte
– A varios evidentemente les falta templanza, responsabilidad o les sobrepasa el poder político
– Eso ya tiene que ver con la idoneidad para ser magistrado. Justamente de eso estuvo hablando el doctor Vigo en estos días. La idoneidad tiene varias aristas. Una persona sin carácter no debe ser magistrado. Tiene que dedicarse…, no sé, a vender helado porque, si uno no tiene templanza, entonces no tiene idoneidad para ser magistrado. Desde la Corte estamos trabajando en forma permanente para superar esa debilidad que usted señala. Fíjese en los resultados. Cuántos casos de corrupción pública han concluido con condenas contra gente con mucho poder político y económico. Son muchos casos.
– Pero también hay casos patéticos de persecución a políticos, periodistas, mismos jueces y fiscales que no siguen los lineamientos del statu quo. Está el caso de Efraín Alegre. Ahora engancharon al intendente de Ciudad del Este (Miguel Prieto)
– Hay que diferenciar. Esas son acciones del Ministerio Público, no del Poder Judicial. A mí me correspondió votar como miembro de la Corte por la anulación de algunas acusaciones del Ministerio Público que no tenían fundamentos. El Poder Judicial está para controlar eso. La Sala Constitucional está a punto de emitir una decisión sobre el caso del Dr. Alegre, por ejemplo. Hay derechos básicos que son sagrados: la vida y la libertad, que tiene como uno de sus elementos la libertad de expresión.
– La Sociedad Interamericana de Prensa viene advirtiendo sobre las campañas de odio contra la prensa y el acoso a través de fiscales y jueces
– De ninguna manera vamos a admitir que haya un atentado contra la libertad de expresión. Yo fui político y muchas veces también me quejaba de las publicaciones, pero forma parte del ejercicio de la democracia. No podemos desconocer el avance de proyectos autoritarios. En el caso paraguayo, si hubo acosos no provino del Poder Judicial. Al contrario, remarcamos a los jueces que la libertad de expresión, la libertad de prensa es esencial para la vigencia del Estado constitucional de derecho.
– Hay países donde estas libertades ya se han extinguido: Nicaragua, Venezuela, Cuba…
– Totalmente de acuerdo. Le voy a dar un ejemplo. Nadie pone en cuestión que en Estados Unidos hay democracia pero este periodista (Tucker) Carlson que entrevistó hace poco a Vladimir Putin produjo reacciones de políticos que pedían que no se le permita la entrada a su país por esa entrevista. ¿A usted le parece que algo así se puede plantear en Paraguay? Aquí ustedes pueden entrevistar a quienes quieran. No es que estamos tan mal.
– ¿Cuál hubiera sido su opinión si le dieran a decidir un caso como el de Ecuador, donde un condenado por corrupción, el exvicepresidente (Jorge) Glass, se refugia en la embajada de México y el Gobierno decide entrar a sacarlo a la fuerza?
– Eso que hizo Ecuador no hicieron ni las dictaduras más feroces de América Latina. Uno puede no estar de acuerdo con el país que le dio el asilo pero eso de entrar a sacarlo al asilado, eso en nuestro país no se va a hacer. Es posible que esta opinión me puede generar problemas como ministro, pero puedo decir con total y absoluto respeto por la soberanía de los países, esos son principios sagrados del derecho internacional. Si esto destruimos va a volver a lo que Thomas Hobbs, ese teórico inglés, llamaba “estado de naturaleza”, todos contra todos, ¡una locura¡ Hay que respetar.
– Y qué hay del que estaba asilado, dos veces condenado por corrupción
– Y en el caso del exvicepresidente Glass, ahí hay una gran discusión. Está la denuncia en foros internacionales de que fue condenado sin pruebas, aplicando de manera indebida una legislación penal. Lo lamento. Sea quien sea, hay que respetar la embajada.
– Pero también se le atribuye al presidente de México (López Obrador) actitudes de bravucón, de injerencia, de proteger a un político delincuente solo por ser de su signo ideológico
– Uno puede tener el peor concepto del Presidente de la República de otro país pero si usted tiene relaciones diplomáticas, tiene una embajada en su país, entonces tiene que respetar. Lo consagra el derecho internacional. Vamos a suponer que a usted lo persiguen judicialmente, lo condenan y usted va a la embajada y le aceptan el asilo, ¿Acaso Estados Unidos se fue a atropellar la embajada de Ecuador en Gran Bretaña para apresar a (Julian) Assange? No, no hizo. Estamos hablando de grandes potencias. Esos países entienden que el señor Assange debe rendir cuentas ante la justicia de Estados Unidos, pero ni aún así atropellaron la embajada. Es una columna vertebral las relaciones de los países civilizados. Si esa columna se rompe, puede ser peligroso.
– La cuestión es, ¿qué derecho tienen de anteponer las ideologías y poner en riesgo todo un plan de integración política y hasta comercial como el que les unía a Ecuador y México en la Alianza-Pacífico?
– Son gobernantes elegidos por sus respectivos pueblos. Ahora, ¿qué debemos hacer desde la máxima instancia judicial? Tenemos que ser más categóricos todavía en el respeto de los derechos fundamentales, los principios del derecho constitucional e internacional moderno. Tenemos que hacer el esfuerzo para que un Poder Judicial democrático siga siendo el poder más fuerte porque es la garantía de la democracia.
– Ni siquiera estamos hablando todavía del crimen transnacional, el narcotráfico que azota especialmente a esas dos naciones
– Es un problema grave. En los encuentros internacionales que tenemos, permanentemente estamos conversando al respecto. Hay organizaciones criminales que ponen en peligro la democracia. Tienen tanto o más poder que los propios Estados. Necesitamos una plataforma permanente donde estén los tres poderes del Estado, la Contraloría, el Ministerio Público, Senad para definir políticas en el combate al crimen organizado, en coordinación con los otros países de la región. Tampoco culpemos de todo al Paraguay. El PCC, el Comando Vermelho, no se formaron en Paraguay. Son transnacionales.
– ¿Por qué no pueden actuar las Fuerzas Armadas si es una lucha contra un crimen transnacional?
– No puedo dar una opinión. De repente el Poder Ejecutivo decide hacer eso y alguien puede plantear una inconstitucionalidad. En mis épocas de mayor libertad, opinaba, ahora no puedo porque de repente puede ser tema a decidir por la Sala Constitucional.
