La fiscalía acusa a Vox de intentar gestionar el caso de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra. El juez desestimó la causa a principios de abril, respaldado por el Ministerio Público. Sin embargo, las acusaciones, incluida Vox, recurrieron la decisión.
El Ministerio Público rechaza los recursos presentados por Vox y otros cargos, acusando al partido de intentar influir en la instrucción del caso. Se critica la falta de argumentos coherentes en los recursos presentados por la ultraderecha.
El juez archivó el caso al no encontrar evidencia de delito. Se descarta que Oltra u otros miembros del Ministerio hayan dado órdenes para ocultar o investigar extrajudicialmente el caso de abusos. Tanto Vox como el Ministerio Público alegan que el juez tomó una decisión incongruente.
En los recursos de apelación se cuestionan las declaraciones del juez durante la instrucción del caso. Se hace referencia a una supuesta orden verbal emitida por Oltra para desacreditar a la menor víctima de abusos. El Ministerio Público sostiene que existen indicios de la emisión de esta orden.
Se señala que las versiones justificativas del Ministerio de Igualdad coinciden entre los imputados en el caso. Se argumenta que las apreciaciones pueden ser reevaluadas en diferentes momentos del proceso. Teresa Gisbert, procuradora de la Sala Coordinadora de Menores, actúa en representación del Ministerio Público.
Se resalta la controversia en torno al manejo del caso de Oltra por parte de Vox y las acusaciones. La fiscalía considera que el partido de extrema derecha intentó influir en la instrucción del caso. Tanto el Ministerio Público como Vox presentaron recursos de apelación cuestionando la decisión del juez.
