La Audiencia Provincial de Barcelona ordena investigar denuncia por torturas presentada por Jordi Ros, miembro de los CDR procesado por terrorismo. Ros alega amenazas y coacciones durante su detención y traslado a Madrid, con el objetivo de presionarlo para confesar. La Audiencia censura al juez por la falta de eficacia en la investigación y ordena admitir íntegramente la denuncia. Considera que los hechos podrían constituir delitos de tortura y contra derechos fundamentales. El grupo de abogados Alerta Solidaria critica la lentitud de la justicia y denuncia la impunidad de los guardias civiles acusados. Jordi Ros era parte del Equipo de Respuesta Táctica de los CDR, según la Operación Judas. Se le atribuye la compra de productos químicos para explosivos y la instalación de un laboratorio en su casa. El caso ha generado controversia y críticas a la justicia en un momento de tensión política en España. Los eventos siguen en desarrollo y se esperan nuevas informaciones conforme avance la investigación.