En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la decisión Angulo Losada contra Bolivia, que culmina la lucha de Brisa de Angulo por agresiones sexuales desde 2001.
Sin embargo, tras la decisión, el agresor huyó a Colombia y la Corte Suprema de Justicia de ese país se negó a conceder la extradición solicitada por Bolivia, alegando que el delito estaba extemporáneo.
Brisa de Angulo interpuso una acción de protección contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por violación de sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia.
La Corte Suprema de Justicia no tomó en cuenta varios puntos en su decisión, como la obligación de los Estados de cumplir con tratados de derechos humanos ratificados y el principio de no discriminación.
La Corte Constitucional de Colombia deberá analizar la tutela presentada por Brisa de Angulo, considerando principios como el pro persona y la obligación de proteger los derechos humanos en casos de violencia de género.
El principio de no discriminación y el control de convencionalidad son relevantes en esta situación, al igual que la garantía colectiva entre los Estados Partes de la CADH para erradicar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
La Corte Constitucional de Colombia tiene la oportunidad de enviar un mensaje de esperanza a víctimas de violencia de género en la región, en medio de casos como los feminicidios de Stefanny Barranco y Natalia Vásquez, donde la impunidad es la norma.
Julissa Mantilla Falcón, abogada y ex presidenta de la CIDH, destaca la importancia de la Corte Constitucional en estos casos y la necesidad de actuar contra la impunidad en casos de violencia de género.
