El retorno a las aulas marcado para este lunes, luego de la vacaciones de invierno, está marcado por conflictos con los sindicatos de profesores que, por un lado, denuncian la negligencia del MEC en el último concurso público, suspendido por la filtración de las pruebas. Por otro lado, el martes retoman la mesa de trabajo con el Gobierno, al que exigen su exclusión del proyecto de ley de la carrera civil. No descartan retomar el paro en caso de no ser atendidos en sus reclamos.
Los gremios consideran el fiasco del concurso como una negligencia en la gestión del MEC. Ante este panorama, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) exigieron al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue por su cuenta la filtración de los exámenes.
Los sindicatos además le exigen al MEC, como última instancia, organizar nuevamente las pruebas para la segunda semana de agosto o, como máximo, en setiembre. La suspensión de los exámenes causó la crispación e indignación de los profesores en general con el MEC. Los maestros se manifestaron a través de las redes sociales en distintos puntos del país.
Ante presión de los gremios, MEC presentó su propio pedido al Ministerio Público
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El ministro de Educación, Luis Ramírez, sin embargo, había dicho días atrás que en un período de 30 días podrían concluir las investigaciones internas sobre las presuntas filtraciones de los exámenes, que se dieron en el interior del país.
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Por otro lado, el martes, los gremios de educadores retoman las conversaciones con el gobierno por el proyecto de ley de la carrera civil.
Tras llegar a un acuerdo parcial antes de las vacaciones, los maestros desactivaron la posibilidad de no regresar a clases este lunes, pero no se cierran a la posibilidad de nuevos paros en caso de que no avancen en las negociaciones con las autoridades.
En ese entonces, el acuerdo con el Gobierno había llegado luego de que los parlamentarios se comprometieran a no tratar esta iniciativa durante las vacaciones de invierno. Además, por acordar algunos cambios, como excluir a la educación de los servicios imprescindibles y no promover concursos públicos “punitivos”.
