Al cierre de julio de 2025, existe un total de 1.239.285 contribuyentes. El desglose por situación tributaria permite apreciar que 820.323 contribuyentes se encuentran en estado activo, lo que equivale al 66% del total. Por su parte, 388.189 están en suspensión temporal (31%) y 30.773 permanecen bloqueados (3%), de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
En el caso de los contribuyentes en suspensión temporal, los datos son aún más marcados: el 100% corresponde a pequeños contribuyentes, sumando 388.019 personas o empresas.
En cuanto a los contribuyentes bloqueados y conforme con la DNIT, la estructura también está dominada por los pequeños, que suman 30.538 (99%). El segmento mediano registra a 207 contribuyentes.
La baja presencia de empresas medianas y grandes en esta categoría podría reflejar que, pese a enfrentar contingencias fiscales, este tipo de contribuyentes tiene mayor capacidad para regularizar su situación y evitar bloqueos prolongados.
El análisis de las altas y bajas del Registro Único de Contribuyentes (RUC) durante el mes muestra que hubo 7.039 inscripciones y 1.571 clausuras, lo que arroja un saldo neto positivo de 5.468 contribuyentes, reflejando que, pese a las bajas, el sistema sigue incorporando nuevos actores a la formalidad. Este flujo positivo es relevante en términos de ampliación de la base tributaria, aunque conviene observar si esta tendencia se mantiene a lo largo de los próximos meses.
Finalmente, los datos muestran que Paraguay cuenta con una base tributaria amplia en términos numéricos, pero concentrada en pequeños contribuyentes, que a su vez son los más vulnerables a caer en suspensión o bloqueo. El desafío para la política tributaria es consolidar este crecimiento neto de inscripciones, mejorar la estabilidad de los contribuyentes activos y reducir las tasas de suspensión y bloqueo, especialmente entre los segmentos de menor escala. Esto requiere una estrategia integral que siga combinando simplificación administrativa, incentivos a la formalidad, educación fiscal y apoyo a la sostenibilidad de los negocios, de modo que la formalización no sea solo un trámite inicial, sino un estado permanente y productivo para la economía nacional.