En los últimos 14 años, el Tesoro Público ya destinó a la Caja Fiscal casi US$ 1.300 millones de los impuestos pagados por la ciudadanía para subsidiar la jubilación de los funcionarios públicos. Sin embargo, la reforma para evitar esta sangría sigue postergada.
Cuenta con 226.769 aportantes, que son funcionarios activos de las diversas instituciones públicas; 64.234 jubilados y 11.770 herederos o pensionados que reciben sus haberes mensualmente.
La entidad previsional del sector público arrastra un déficit global desde 2015, aunque desde mucho antes el sector de las fuerzas públicas ya registraba saldos negativos entre los ingresos obtenidos en concepto de aportes de los activos y los pagos realizados a los retirados.
El saldo negativo que registra la Caja cada año se financia, en su mayor parte, con el dinero recaudado de los impuestos que paga la ciudadanía en general, como por ejemplo el IVA, la renta personal y empresarial, selectivo al consumo, entre otros.
Aporte del Tesoro
La reforma de la entidad sigue esperando a pesar de que existe coincidencia entre las autoridades, los organismos financieros internacionales y analistas locales de que urge modificar los parámetros de la jubilación pública (edad, años de aporte, requisitos, entre otros) porque en la actuales condiciones es insostenible.
Déficit desde 2015
Los ingresos de enero a abril alcanzaron más de G. 1 billón (US$ 137,2 millones), pero los gastos efectuados superaron la suma de G. 1,7 billones (US$ 235,8 millones).
La Caja Fiscal cierra con déficit desde 2015, como resultado de los regímenes especiales aprobados que perforaron la reforma introducida en 2003; en ese año el saldo rojo fue de G. 70.161 millones; al año siguiente G. 429.060 millones; en 2017 subió a G. 541.859 millones y en 2018 a G. 644.927 millones.
