En la sesión ordinaria del Senado que podría resolverse en breve, el senador liberocartista y aliado cartista Dionisio Amarilla anunció su intención de ampliar la competencia de la comisión investigadora del Senado —popularmente conocida como “Comisión Garrote”— para incluir a la cadena Biggie Express, perteneciente al Grupo ABC. La medida cuenta con el respaldo del cartismo y genera un fuerte cruce político.
La intervención gubernamental se originó en 12 locales, pero derivó en el cierre de todos los puntos de venta de Biggie, afectando a más de 5.300 trabajadores en 31 ciudades del país. Según Sedeco y Dinavisa, se detectó la venta de productos vencidos, incluyendo en farmacias de la misma cadena.
El legislador comparó el trabajo de la comisión antimafia de pagarés señalando que establecieron un canal formal de denuncias con QR y enlaces activos, y que la ciudadanía reclama una actuación más amplia.
Persecución económica para acallar voces críticas
En la vereda opuesta, el senador liberal Ever Villalba acusó al gobierno de Santiago Peña de usar a las instituciones para perseguir a empresas críticas y medios de comunicación opositores.
Villalba recordó que Biggie forma parte del Grupo ABC, propiedad de la familia Zuccolillo, que también es dueña del diario ABC Color, medio crítico al gobierno.
“En la dictadura ya cerraron ABC por levantar la voz contra el tirano. Hoy estamos camino a eso. Si no se alinean, cerrarán ABC, irán contra Última Hora y cualquier medio que incomode. Tanto critican a Maduro, pero hacen lo mismo: cerrar empresas que no son de amigos”, sentenció.