El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), su esposa Patricia Corvalán -actual intendenta de Quyquyhó- y sus principales operadores les cuesta al Estado G. 1.760 millones por año. El legislador tiene cinco pedidos de desafuero, pero es blindado por sus colegas.
Samaniego y su esposa, la actual intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), están imputados junto con otras 21 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal. Los ilícitos se habrían cometido durante la gestión de Samaniego como intendente de Quyquyhó entre los años 2011 y 2017. Entre estos imputados se encuentran el actual concejal de Quyquyhó Carlos Bareiro; la esposa del concejal, Ruth Medina Yegros, y el actual director de Conatel, Andrés Arrúa.
Ruth Medina Yegros, esposa del concejal, está como técnica en el Poder Judicial con un salario de G. 5.700.000; su hermana Teresita Medina Yegros es actual concejal departamental de Paraguarí con un salario de G. 7.000.000. Teresita tiene antecedentes de violencia durante las elecciones en Paraguarí. La otra cuñada del concejal Bareiro, Yessica Medina Yegros, ocupa el cargo de directora del Centro de investigación ganadero en Barrerito (Paraguarí) con un salario de G. 5.964.000.
Las hijas de Andrés Arrúa: Romina Mariel Arrúa Brítez fue contratada en febrero pasado en la Cámara de Diputados y percibe G. 4.000.000 y Jazmín Arrúa Brítez tiene la jefatura de Tesorería de Copaco con un salario de G. 3.180.000. Asimismo, los yernos de Andrés Arrúa están bien ubicados también en la función pública. Se trata de Iván Domingo Núñez, quien ocupa el cargo de Capacitación en Copaco con un salario de G. 7.078.000 y Nicolás Velaztiquí Arias fue contratado recientemente en el Instituto de Previsión Social con un salario de G. 2.289.324.
El diputado Samaniego y su clientela política le cuestan al Estado G. 135 millones mensuales y G. 1.760 millones anuales.
