El auxiliar despachante Christian Luis Palacios Gómez cumplirá arresto domiciliario, así lo determinó el juez Humberto Otazú. Había caído con millonarias sumas de dinero, fuera de la oficina de la DNIT del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Dos funcionarios del ente, por otra parte, fueron citados para su audiencia de imposición de medidas. Para la Fiscalía estarían involucrados en un esquema de coimas.
La agente del Ministerio Público imputó al despachante particular por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. El mismo fue detenido el martes último durante la intervención de la comitiva fiscal, en el marco de una investigación relacionada a un presunto esquema de coimas en el que estarían involucrados funcionarios de la DNIT.
Al momento de la audiencia de imposición de medidas, el procesado Christian Palacios había solicitado permiso para trabajar, pues refirió que es el sostén de su familia. En este contexto, se constató entre sus antecedentes, a través del sistema informático, que el mismo posee ya un proceso penal anterior.
Por su parte, la fiscala Verónica Valdéz enfatizó el riesgo de obstrucción latente en caso de que se le otorgara ese permiso, pues “el procesado podría tener accesos a las dependencias donde se habrían materializado los hechos investigados y podrían influir sobre el testimonio de personas que tengan conocimiento de las circunstancias investigadas”.
Funcionarios de DNIT, citados por el juzgado
Por otra parte, el magistrado Humberto Otazú convocó para el próximo lunes 28 de julio, a partir de las 10:00, a Juan Andrés Arroyo Bázquez, quien se desempeñaba como jefe de Administración de la Oficina de la DNIT, y a Francisco Javier Acosta Rolón, que cumplía el rol de jefe de Resguardo en la misma dependencia.
La representante del Ministerio Público imputó a los funcionarios públicos, por los hechos punibles de cohecho pasivo (coima) y extorsión en calidad de coautores.
Intervención a oficina de la DNIT
La fiscala Verónica Valdéz, había señalado que la pesquisa inició tras una denuncia relacionada a pedidos irregulares de sumas de dinero, que le habrían hecho a un empresario que importa mercaderías desde España, a fin de que se dejaran pasar sus productos inobservando los protocolos de ingreso.
Tras recibir la denuncia la Fiscalía inició una causa penal y montó una operación. Estaba previsto realizar una entrega vigilada de dinero, solicitado como coima. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso en ese aspecto. En cuanto al porqué, hay sospechas de que la operación se habría filtrado.