La Cámara de Apelaciones rechazó la última recusación planteada y confirmó al juez de Garantías Miguel Palacios en la causa Berilo, por lo que ahora el magistrado tiene vía libre para convocar nuevamente a audiencia preliminar. La fiscalía pide que el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de veinte acusados vayan a juicio oral.
Los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y José Waldir Servín concluyeron que si bien la recusante no invocó específicamente los presupuestos del inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, que refiere cualquier otro motivo grave para la excusación de los jueces, se comprende que se refiere al mismo.
En la recusación planteada bajo patrocinio del abogado Édgar Martínez, la acusada Yisela Noemí Ramírez afirmó ser una víctima de la conducta del juez de Garantías, teniendo en cuenta que hace más de seis años está con prisión preventiva, olvidando que es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria firme que diga lo contrario, según resaltó en el escrito.
Será la 11ª convocatoria para Cucho y Ulises
Sobre las anteriores chicanas planteadas por las demás defensas, la coacusada Yisela Ramírez resaltó en su escrito de recusación, que el juzgado de Garantías pretende atribuir a los encausados el tiempo que tardó la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Ministerio Público.
Fiscalía afirma que Cucho financió a Ulises
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según la acusación.
Habría colaborado para liberar dinero narco
La acusación fiscal sostiene además que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína, según la acusación fiscal.
Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.