Los Tribunales de Justicia en Guatemala cambian de autoridades pero persisten preocupaciones sobre la independencia judicial y la estabilidad democrática. La elección de magistrados generó críticas y desconfianza, con antecedentes de corrupción. Organizaciones de derechos humanos expresan inquietud por el futuro del sistema judicial.
El pasado domingo, se juramentaron los 13 nuevos magistrados de la CSJ y los 260 de la Corte de Apelaciones para el período 2024-2029. A pesar de los intentos de transparencia, el proceso estuvo plagado de críticas debido a antecedentes de corrupción. La OEA supervisó la elección tras la solicitud del presidente Bernardo Arévalo.
Durante las sesiones de nominaciones, hubo disputas sobre el cambio de lugar de las reuniones que paralizaron el proceso. A pesar de la observación de la OEA, se cambiaron reglas y omitieron algunas entrevistas a candidatos. Grupos indígenas, estudiantiles y de derechos humanos presentaron acusaciones que no fueron aceptadas.
El Congreso de Guatemala elige jueces y magistrados de listas depuradas. En la votación, hubo preocupación por la elección de magistrados con tendencias antidemocráticas y una agenda pro impunidad. Actores vinculados a corrupción ocupan roles clave en la Corte de Apelaciones, generando más sospechas.
La toma de posesión enfrentó obstáculos, con la captura de un magistrado electo y la falta de consenso para elegir un presidente para la CSJ. Carlos Rodimiro Lucero fue designado como presidente interino, a pesar de sus antecedentes de corrupción. La renovación judicial no logró detener el retroceso democrático en Guatemala.
La incertidumbre sobre la independencia judicial persiste, con la influencia de grupos políticos y económicos en los tribunales. La falta de consenso en la CSJ refleja la complejidad del sistema judicial en el país. A pesar de los llamados a la unidad en el discurso de Lucero, la división interna se mantiene.
La elección de magistrados en Guatemala ha sido un proceso frustrante, marcado por la opacidad y la falta de garantías de idoneidad. La sociedad civil y organizaciones internacionales expresan preocupación por la continuidad de la corrupción y la impunidad en el sistema judicial del país centroamericano. Los desafíos para establecer una verdadera independencia judicial parecen persistir luego de este proceso electoral tumultuoso.
