“Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos”, refería un informe del Departamento de Estado de EE.UU. hace 1 año, a pocas semanas de que se realicen las elecciones generales. El documento expresa que las investigaciones y acusaciones de corrupción de la Fiscalía, por lo general, fueron efectuadas con lentitud y tardaron varios años para llegar a Tribunales.
De acuerdo con el “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″ hecho por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, el Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios.
Así lo hacían hasta el plazo de cuatro años, límite de tiempo para los casos judiciales. Menciona también algunos hechos ocasionales de condenas por corrupción de funcionarios públicos, pero que son de nivel bajo y medio.
El Departamento de Estado de EE.UU. califica la impunidad de funcionarios públicos de alto nivel del Paraguay como “endémica”. A pesar de que la prensa denuncia los casos de exministros, intendentes, gobernadores, los funcionarios evitaron ser procesados por corrupción y otros delitos, según el informe oficial.
Sanciones
En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. designó “significativamente corrupto” al expresidente Horacio Cartes (ANR), y en agosto del mismo año calificó de igual forma al entonces vicepresidente Hugo Velázquez (ANR). También canceló sus visas y las de sus familiares. Luego, en enero de 2023, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a Cartes y a Velázquez.
