Actualmente, el aceleramiento en el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios públicos constituye el principal riesgo para la sostenibilidad fiscal y de las finanzas públicas, que está comprometido a cumplir un plan de convergencia para volver el déficit presupuestario a los límites establecidos en la Ley (1,5% del PIB) el próximo año, advirtieron expertos de Dende.
De manera de explicar la gravedad del tema, mencionó que hasta abril del presente año, este déficit ya superó los 102 millones de dólares al primer cuatrimestre del año, con lo cual se encamina a cerrar el año con más de US$ 300 millones, diferencia que vale la pena recalcar, se paga con los recursos del Tesoro, o sea con los impuestos de los contribuyentes. En el 2024, el déficit alcanzó US$ 281 millones.
Cabe mencionar que entre las primeras acciones del Gobierno actual fue de alargar el plazo del plan de convergencia desde 2024 que estaba previsto incialmente, al 2026, periodo en el cual se debe volver a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal de mantener un déficit presupuestario equivalente hasta el 1,5% del PIB anual. Para el presente año, el déficit previsto es del 1,9%.
¿Cómo encarar la reforma?
Justamente fue uno de los puntos mencionados recientemente por el ministro de Economía, Carlos Fernández, en una entrevista en ABC Cardinal, en cuanto a los principales ejes de la reforma, lo que rápidamente también ha generado reacciones contrarias del funcionariado público.
Desde Dende sugieren elevar y equiparar a 65 años la edad mínima para la jubilación. Además, con la tasa de aporte actual del 16%, se debe requerir de 35 años de aporte para otorgar una jubilación del 85% del promedio de sus últimos diez años de salario. “Estos ajustes, además de reducir el déficit en los próximos años, también corregirían las grandes inequidades existentes al interior de la Caja Fiscal actualmente”, afirman.