Incendios devoran hectáreas de áreas protegidas en Galicia: un análisis alarmante del desastre ambiental
En agosto, Galicia enfrentó una catástrofe ambiental sin precedentes, con incendios que arrasaron un 10% de su territorio protegido bajo la red Natura 2000. La magnitud de la tragedia ha sido confirmada por el sistema europeo de Copérnico, mostrando que fueron destruidas 37,819 hectáreas, un triste récord en los 21 años de existencia de esta figura de protección en la región.
Los datos, revelados por la Asociación de Ecologistas de Adega, sugieren que la devastación en Galicia es aún más alarmante si se consideran las declaraciones del presidente regional, Alfonso Rueda, quien cifró las hectáreas quemadas en aproximadamente 120,000. Sin embargo, las cifras indican que cerca de 40,000 de esas hectáreas corresponde a zonas ecológicamente sensibles. Con esta cifra, el actual desastre triplica el registro de incendios más extenso desde 2011, y se posiciona como el más severo del siglo.
Entre los espacios naturales afectados se encuentra Oursene, donde se quemó más de la mitad de un bosque de abedules de gran importancia ecológica e histórica. Este bosque fue testigo de las leyendas sobre Romasanta, el hombre lobo que aterrorizó a España en el siglo XIX. Además, los incendios impactaron severamente en otras áreas como Trevinca y Serra Da Enciña da Lastra, así como en la zona de Lugo, donde 5,389 hectáreas fueron devastadas en la zona de conservación especial Ancares-Courel.
Ante esta devastación, la Asociación Ambiental de Bienvenida pidió al gobierno local medios y recursos para regenerar las zonas afectadas, destacando la importancia de estos ecosistemas, que albergan especies amenazadas como el oso pardo y el águila real. La organización enfatiza que la regeneración de estos hábitats, cruciales para el equilibrio ecológico, llevará años y que los servicios que estos ecosistemas proporcionan son vitales para la comunidad, incluyendo la regulación del agua y la absorción de carbono.
En medio de la tragedia, también ha surgido críticas hacia la respuesta del gobierno gallego. Los ecologistas han argumentado que hubo falta de transparencia durante la crisis, señalando la "opacidad" en la información que ofreció el Departamento del Medio Ambiente. Esta situación fue calificada como una "negligencia" por parte de los responsables, quienes, según los ecologistas, no supieron manejar de manera efectiva una crisis que ha tenido consecuencias devastadoras para la biodiversidad gallega.
El Ministerio del Medio Ambiente ha reconocido que un tercio de la superficie quemada pertenecía a la red Natura 2000, aunque se han emitido advertencias sobre la provisionalidad de los datos. Como respuesta a la crisis, el departamento ha aprobado medidas para restaurar las áreas afectadas, que incluyen la reconstitución de infraestructuras y elementos recreativos en espacios protegidos, en un intento de mitigar los efectos del desastre.
A su vez, la Organización Ecoloxista en Acción ha presentado un informe sobre el estado de la red Natura 2000 en Galicia, destacando el deterioro ambiental severo en diversas áreas. Entre los espacios analizados se encuentran el complejo interrrereal para Ramallos y el sistema del río Ulla-Deza, ambos carentes de planes de manejo específicos. Este informe se suma a la creciente preocupación por la efectividad de las medidas de conservación en la región.
Galicia, que se posiciona como una de las comunidades con mayor porcentaje de su territorio integrado en Natura 2000 en España, ha visto decrecer sus esfuerzos de conservación desde que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo iniciara la tramitación de una propuesta de ampliación en 2011, la cual nunca fue aprobada. Esa falta de acción ha desencadenado la crisis actual, en un momento en que las autoridades europeas habían advertido sobre la necesidad urgente de proteger y restaurar estos vitales espacios naturales.
Mientras la comunidad gallega lucha por levantar las cenizas de su ecosistema, las voces de alerta y las demandas de acción se intensifican. Especialistas y organizaciones ecologistas hacen un llamado a los gobiernos locales y regionales a priorizar la regeneración ambiental, garantizando la protección de un patrimonio natural que, si no se restablece a tiempo, podría perderse para siempre.