Nuevas tensiones en Nicaragua: el régimen de Ortega intensifica la represión tras su reaparición
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto al centro de la escena política tras una notable ausencia de 25 días que generó rumores sobre su salud y posible muerte. Fue el 24 de mayo cuando, acompañado de su esposa y "co-presidente", Rosario Murillo, Ortega reapareció en un acto de entrega de autobuses donados por China. A pesar de su apariencia debilitada, el mandatario mantuvo su retórica incendiaria, descalificando a sus opositores como "basura" y reafirmando la ideología del régimen.
La reaparición de Ortega coincide con un endurecimiento de la represión en el país. Recientemente, la policía sandinista llevó a cabo una operación que culminó en la detención de veinte personas en el norte del país, entre las cuales se encontraba José Peralta Jarquin, jefe del Departamento de Información de Defensa del Ejército de Nicaragua. Este arresto representa un giro inesperado en la dinámica de poder, ya que el Ejército, considerado hasta ahora una institución intocable, se encuentra bajo el escrutinio del régimen.
La captura de Peralta siguió a la detención de Álvaro Baltodano, un personaje influyente en el círculo económico y militar del sandinismo. Baltodano, un general retirado que jugó un papel clave en la promoción de grandes proyectos de inversión, ahora enfrenta un colapso notable en su posición. Analistas advierten que la falta de tolerancia del régimen hacia cuestionamientos o disidencias puede estar sentando un precedente alarmante para el futuro de la política nicaragüense.
A finales de abril, Ortega y Murillo comenzaron a consolidar aún más su control sobre las fuerzas armadas. En una reunión con altos generales, el comandante del Ejército, Julio César Avilés, destacó que la institución debía alinearse completamente con las recientes reformas constitucionales que integran a Murillo en una posición de poder, olvidando la supuesta independencia que el Ejército disfrutaba hasta ahora.
Diversas fuentes militares coinciden en que el Ejército ha perdido su autonomía frente al régimen, citando que "ahora todos los generales deben nombrar a Rosario, o de lo contrario, serán eliminados". Este cambio también ha llevado a la promoción de oficiales de policía con méritos cuestionables a posiciones de alto rango, lo que incrementa las preocupaciones sobre la profesionalización de los cuerpos de seguridad del país.
Paralelamente, el régimen continúa perpetrando un ataque frontal contra el sistema judicial nicaragüense. A partir de la aprobación de una nueva ley que subordina a los jueces a la Policía Nacional, se establece un control aún más férreo sobre el sistema de justicia. La eliminación de mecanismos de mérito en el acceso y promoción dentro del poder judicial es una señal clara de la intención de Ortega y Murillo de controlar todas las instituciones del estado, liquidando así cualquier indicio de independencia judicial.
Recientemente, se han implementado reformas constitucionales que amenazan aún más el equilibrio de poderes, consolidando lo que muchos analistas describen como un modelo totalitario. La eliminación de artículos que garantizan la nacionalidad de los ciudadanos nicaragüenses si adquieren una segunda nacionalidad ha creado gran revuelo. Bajo esa nueva legislación, se preguntan miles de nicaragüenses si podrían perder sus bienes o derechos en el país.
La presión popular ha sido tal que el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, debió salir a clarificar que la nueva ley no implicaría la aplicación retroactiva de estas medidas. Sin embargo, las consecuencias de perder la nacionalidad nicaragüense son alarmantes y han llevado a un amplio debate sobre los derechos de los ciudadanos, incluyendo la posibilidad de confiscación de propiedades.
Como respuesta al creciente descontento, Murillo ha atacado verbalmente a sus opositores. En fervorosos discursos, ha calificado a los nicaragüenses que han optado por una segunda nacionalidad de "descubiertos" y "convictos". En su retórica incendiaria, aseguró que estos oponentes nunca deberían regresar al país, dejando claro que el régimen no está dispuesto a tolerar la disidencia de ningún tipo.
Finalmente, el régimen parece cada vez más aislado en la comunidad internacional. Tras la reciente entrega del Premio Mundial de la Libertad a un medio de comunicación crítico, Ortega tomó la radical decisión de retirar a Nicaragua de la UNESCO. Cada uno de estos movimientos y decisiones ha apelado a la comparación de Nicaragua con regímenes autoritarios como el de Corea del Norte, dejando claro que la situación política en el país sigue siendo precaria y volátil. Las tensiones continúan en ascenso mientras Ortega y Murillo refuerzan su control, y la comunidad internacional permanece atenta a los desarrollos en este convulso panorama.