El Gobierno de EE. UU. presenta demanda contra Boston por sus políticas de santuario
El Gobierno de Estados Unidos ha llevado a la ciudad de Boston a los tribunales por su ley de santuario, marcando un nuevo episodio en la creciente tensión entre la administración Trump y las ciudades que limitan la cooperación con el control federal de inmigración.
La demanda, anunciada el jueves por el Departamento de Justicia, señala como acusados al alcalde de Boston, Michelle Wu, la ciudad y el Departamento de Policía local, liderado por el comisionado Michael Cox. En su corazón, esta disputa gira en torno a la Ley de Confianza de Boston, promulgada en 2014, que restringe la obligación de las autoridades locales de cumplir con las solicitudes de arresto de inmigrantes por parte de ICE, a menos que existan preocupaciones sobre la seguridad pública o delitos graves.
El Departamento de Justicia arguye que esta ley infringe la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense, complicando la aplicación de las leyes federales de inmigración. En su queja de 17 páginas, el gobierno sostiene que, al no cooperar con ICE, Boston permite que individuos acusados de delitos violentos, entre ellos homicidio y tráfico de drogas, evadan la justicia.
Pam Bondi, abogada del Departamento de Justicia, afirmó que “Boston y su alcalde están entre las más graves violaciones a la ley de santuario en EE. UU.”, sugiriendo que su administración está protegiendo a criminales extranjeros. La retórica mantiene la percepción de que las políticas de santuario comprometen la seguridad pública, aunque muchos expertos argumentan que estas leyes fomentan un entorno en el que los inmigrantes se sienten seguros para cooperar con las autoridades locales.
Desde 2015, las relaciones entre el departamento de policía de Boston y ICE han sufrido cambios significativos, con la ciudad adoptando una postura más “obstruccionista”, según las autoridades federales. Además, Washington ha advertido que las ciudades que no colaboren corren el riesgo de perder financiamiento federal, una estrategia que ha generado respuestas mixtas en diferentes jurisdicciones.
Michelle Wu, enfrentando esta demanda, la catalogó como un intento anticuado e inconstitucional de socavar la autonomía de la ciudad. En declaraciones a la prensa, prometió que defenderán vigorosamente sus leyes, subrayando que Boston es un centro económico y cultural clave de Nueva Inglaterra y se considera una de las ciudades más seguras del país.
La contienda de Boston no es un incidente aislado. El gobierno de Trump ha llevado a cabo acciones legales similares contra varias ciudades, incluyendo Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre otras. Estas demandas intentan revocar políticas diseñadas para limitar la cooperación local con ICE, con resultados variados en los tribunales. Un caso notable involucró la renuncia a la demanda contra Illinois, donde un juez determinó que el estado tenía derecho a proteger su política de santuario.
Además de las batallas legales, la administración Trump ha amenazado con retirar fondos federales a las ciudades que implementan políticas de santuario. Aunque algunos jueces han optado en favor de las ciudades, al declarar inconstitucional que el gobierno federal retenga fondos, la presión continúa sobre diversas jurisdicciones.
En otro frente, la administración ha anunciado planes para operaciones migratorias más agresivas en ciudades santuario como Chicago, Nueva York y Portland. Estas acciones son vistas como un intento de intensificar las medidas de cumplimiento y han generado reacciones adversas de líderes locales que argumentan que tales tácticas solo aumentan la desconfianza en las comunidades.
En este contexto, la demanda contra Boston representa no solo un desafío legal sino también un símbolo de la lucha entre la defensa de los derechos de los inmigrantes y las políticas de inmigración restrictivas del gobierno federal. Wu se ha comprometido a movilizar recursos legales y alianzas en defensa de las políticas de su ciudad, viendo la demanda como parte de una batalla más amplia por la autonomía local.
El caso ahora se enviará al Tribunal Federal de Massachusetts, donde se debatirá la legalidad de la Ley de Santuario de Boston. Mientras tanto, la ciudad se prepara para enfrentar lo que podría ser un prolongado conflicto legal que define las relaciones entre gobiernos locales y la administración federal en el contexto de la inmigración.