Un fiscal local se apropió de un vehículo incautado, generando un conflicto legal con la empresa que reclama su propiedad y la falta de respuesta del Ministerio Público.
El fiscal del distrito de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, ha suscitado controversia tras autoadjudicarse un vehículo que había sido incautado como evidencia en un caso de robo. Este rodado, una camioneta marca Saveiro, había sido robado en Brasil y posteriormente abandonado en Paraguay. Actualmente, la empresa Movida Rent-a-Car SA reclama la devolución del vehículo, alegando que es de su propiedad, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de las autoridades involucradas.
La camioneta, que cuenta con chapa brasilera FJI6A41 y un chasis identificado como N° 9BWJL45U0PP084472, fue reportada como robada ante la Policía Civil del Estado de San Pablo, Brasil, el 3 de marzo del año 2025. Tras recibir informes de que el vehículo se encontraba en territorio paraguayo, el comisario Ignacio Muñoz, director de Policía de Amambay, ordenó un “operativo cerrojo”, confirmando su presencia en el país.
El rodado fue localizado el 1 de mayo de 2025 en las cercanías del Parque Nacional Cerro Corá, en Pedro Juan Caballero, con las llaves aún en la puerta, evidenciando así que había sido abandonado. A partir de ese momento, el vehículo quedó bajo la custodia del Ministerio Público, donde fue catalogado como evidencia para una investigación en curso.
Posteriormente, el 6 de mayo de 2025, el fiscal Cantaluppi formalizó una resolución en la que justificó la necesidad de contar con un vehículo para su unidad, mencionando la falta de unidades móviles debido a problemas mecánicos previos. En su resolución, Cantaluppi admitió que el vehículo era parte de una investigación, pero argumentó que su uso sería esencial para llevar a cabo las funciones de la Fiscalía.
El abogado Jonathan Gómez, en representación de Movida Rent-a-Car SA, presentó una solicitud formal el 26 de junio de 2025 ante el fiscal adjunto, Humberto Rosetti, para la restitución de la camioneta, reiterando que este era un bien de su cliente. En su defensa, el abogado aseguró haber presentado toda la documentación necesaria y haber intentado acceder a la devolución sin obtener respuestas satisfactorias.
Además, Gómez denunció que, tras rastrear el GPS del vehículo, se encontró que la camioneta estaba siendo utilizada por una persona ajena a la función pública, cuyo vínculo familiar se habría establecido como hermano del fiscal Cantaluppi. Ante la falta de colaboración de la Fiscalía, la empresa optó por recurrir al juez de Garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, el 13 de agosto de este año, solicitando nuevamente la entrega del vehículo.
En la misma presentación, el abogado Gómez hizo mención de otro vehículo, un Volkswagen T-Cross color negro, que también fue recuperado y que, según él, se encuentra bajo la custodia de la misma unidad fiscal. El representante legal argumentó que ambos automóviles, cuya procedencia es brasileña, no están relacionados con ningún delito en Paraguay o Brasil, por lo que su permanencia en la Fiscalía es injustificada.
