El abogado Guillermo González, en su momento defensor de los frentistas del fallido metrobús, señaló que piden que la fiscalía pruebe todos los daños que causó la fracasada obra en juicio oral y público, para poder solicitar incluso la pena de 10 años de cárcel para casos graves de lesión de confianza. Esto además de recuperar el perjuicio millonario que sufrió el Estado.
Con Jiménez Gaona también fueron acusados la ex ministra sustituta y exviceministra de finanzas, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente del plan, Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, por el enorme perjuicio que causó la fallida obra del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
Pena máxima de cinco años y recuperación de perjuicios
Al mismo tiempo, señaló que ahora “está en cancha del poder judicial velar por el debido proceso” y “someter a un juicio justo y ejemplar a los responsables de esta estafa al pueblo paraguayo”. En este sentido, indicó la pena máxima por el delito de lesión de confianza es de 5 años de cárcel, pero que en los casos graves, como el metrobús, podría ser de incluso 10 años de prisión.
El abogado insistió en que la fiscalía debe pedir el comiso o reparación del daño “en sumas muy altas”, y que “eso sea destinado a algún plan de bienestar social”. “Mínimamente, el daño debería ser reparado de alguna manera”, acotó.
Enorme perjuicio patrimonial
La acusación fiscal agrega que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699 (cerca de US$ 25 millones al cambio actual) por el pago de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA; teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
