Caacupé, Tobatí y varias zonas de Cordillera siguen sintiendo en carne propia el peso de un Estado ausente, que no protege ni cumple las promesas hechas a sus ciudadanos. Entre el avance del microtráfico y las obras públicas incumplidas, las comunidades enfrentan a diario inseguridad, deterioro de la infraestructura y una creciente desconfianza hacia las autoridades.
El crimen organizado también avanza y preocupa a la población. El 24 de julio, en el barrio San Blas de Tobatí, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía Antinarcóticos allanaron dos viviendas contiguas, dejando al descubierto una presunta red familiar dedicada desde hace años a la distribución de estupefacientes.
La estructura criminal investigada se encargaba de traficar estupefacientes desde el área Central hasta otros puntos del interior del país, además de operaciones relacionadas con la compra y venta de armas de fuego, según informaron desde la Policía.
También se apunta a que el clan realizaba operaciones de lavado de dinero para legalizar lo obtenido de los hechos ilícitos a través de la compra de propiedades, animales y otros, que eran administrados por cercanos a Armando Rotela.
La investigación contra el núcleo familiar del sindicado duró dos años y dos meses, en la que se recurrió a escuchas telefónicas para llegar a los integrantes del Clan.
Promesas incumplidas
La inseguridad no es el único flagelo que golpea a Cordillera: el abandono en materia de infraestructura es alarmante.
A diario, numerosos niños se ven obligados a cruzar esta peligrosa vía para llegar a sus escuelas o regresar a sus hogares. La ausencia de semáforos, señalización adecuada o personal que regule el tránsito convierte este trayecto en una situación de riesgo constante.
Ciudadanos claman por asfalto
A esto se suma el clamor de los habitantes del kilómetro 56 de la ruta PY02, ciudadanos de Caacupé que se encuentran aislados en el tramo de 17 kilómetros que une la ciudad con Piribebuy. En esta zona desde hace 10 años solicitan asfaltado.
Y a las promesas de gobiernos anteriores, los barrios de Santa María, Yhakã ro’ysã, Itaybú Guazú, Cañada, Cordillerita, Ykua Porã y Paso hû continúan aisladas por caminos en pésimo estado, lo que afecta no solo a los vecinos, sino también a la economía y el acceso a servicios básicos.