Jubilados y pensionados de la Caja Municipal anuncian que harán huelga de hambre frente a la Municipalidad de Asunción para exigir el pago de la deuda dejada por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). El Gabinete del interventor, Carlos Pereira, prometió cumplir con la deuda, en la medida de las posibilidades financieras de la comuna.
Según sus estimaciones, son más de G. 16.000 millones -de marzo a junio- lo que la Municipalidad de Asunción le debe a la Caja, en concepto de transferencia del dinero que descuenta, mes a mes, del salario de los funcionarios activos.
Floria Galeano, una de las vocera de los jubilados, recordó que apenas la semana pasada recibieron la promesa del interventor, Carlos Pereira, de ir pagando, en la medida que se vayan cobrando los impuestos por parte de empresas privadas. “Recibimos una llamada del señor Olimpio Quiroga, mano derecha del interventor, que nos confirmó que solamente contarían con G. 3.000 millones para depositar a la Caja, lo cual no es suficiente para casi 2.900 jubilados que estamos esperando cobrar”, reclamó Galeano.
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No depositó descuento de los activos
Según señalaron los manifestantes, el pedido que le hicieron al interventor es ir pagando al menos G. 1.000 millones por semana, en la medida de las posibilidades y según la recaudación lo permita.
Apretada situación financiera
A esto se suma las cuotas vencidas de los préstamos bancarios adquiridos por la administración de Rodríguez, por déficit temporal de caja, el año pasado. Según confirmó el director interino de Administración y Finanzas, Víctor Gamarra Popoff, las cuotas vencidas de junio y julio, alcanzaron más de G. 55.000 millones. El interventor, Carlos Pereira, confirmó que se buscaría reestructurar estos pagos, debido a la incapacidad de la comuna para pagarlas.
Obras no están y dinero tampoco
En el caso de bonos G8, Rodríguez había prometido ocho obras de desagües pluviales, pero apenas inició cuatro, de las cuales al menos una, está en riesgo de quedar paralizada por falta de pagos, luego de que la contratista planteara el avenimiento del contrato ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En la cuenta bancaria destinada a esos bonos había apenas G. 123 millones al 31 de mayo.
La administración de Rodríguez se encuentra actualmente en intervención con la aprobación de la Cámara de Diputados, por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), con base en su informe de julio de 2024 en el que confirmó el desvío de G. 500.000 millones, denunciado por ABC. El informe de la CGR fue derivado también al Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación.
Además, el intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los llamados “detergentes de oro”, por compras en pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.