El juez Raúl Florentín fijó para el 12 de noviembre próximo la realización de la audiencia preliminar, en el marco de la causa relativa a una denuncia sobre supuesto abuso sexual a una niña de 11 años. Según la querella, el fiscal Aldo Cantero, recusado, busca beneficiar con el sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, al tiempo en el que Cantero hizo la presentación de su requerimiento, la abogada querellante Bettina Legal presentó acusación contra el imputado. La profesional del derecho también recusó al representante del Ministerio Público.
Fiscala fue recusada
De acuerdo con los registros, relacionados a la causa, a las 08:18 del 10 de octubre el fiscal Aldo Cantero solicitó al juzgado de Garantías a cargo del juez Raúl Florentín su vinculación como representante del Ministerio Público, en la causa que investiga el abuso sexual de una niña de 11 años. Tres minutos después, a las 08:21, el agente requirió al magistrado la abreviación del plazo y pidió el sobreseimiento definitivo del investigado por el caso, quien es padrastro de la víctima.
El hecho de abuso sexual contra la niña de 11 años ocurrió el 9 de febrero de este año, conforme a la denuncia preentada ante la fiscaíla.
La imputación por abuso sexual en niños fue presentada ante el juzgado de Garantías a cargo del juez Raúl Florentín, quien estableció como fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo el 11 de agosto de 2024. Sin embargo, ante el pedido de prórroga extraordinaria que presentó la fiscala Silvia González, se fijó el 11 de octubre de 2024 como nueva fecha para la conclusión de la investigación.
Querella se opone a abreviación y sobreseimiento
Según sostuvo Legal, el fiscal interino Aldo Cantero no tuvo tiempo de revisar la carpeta fiscal y analizar todos los elementos de convicción reunidos por la fiscala recusada, que a criterio de la querella fácilmente sustentan una acusación fundada, ya que en un 99% son incriminatorias, de acuerdo al escrito.
En un comunicado emitido por el Ministerio Público se menciona que Cantero tomó la decisión tras revisar las evidencias obrantes en la carpeta fiscal.
