Tras reunirse con la comisión “antimafia de los pagarés”, la ministra de Salud, María Teresa Barán, reveló que 2.700 funcionarios enfrentan procesos judiciales: 930 por prestación alimentaria y 1.770 por embargos salariales. Anunció medidas administrativas para evitar que los descuentos afecten la totalidad del sueldo.
La ministra de Salud reconoció que la cartera de Estado que dirige es una de las instituciones más afectadas. “Realmente para nosotros es una oportunidad para dar soluciones definitivas”, indicó.
Respecto a los procesos judiciales, adelantó que se trabajará caso por caso, con asesoría jurídica y apoyo de la Dirección de Giraduría del Ministerio, para gestionar la suspensión de embargos cuando sea posible.
Reconoce el problema, dice Filizzola
Filizzola insistió en que los descuentos judiciales no deben exceder el 25% del salario, y defendió el derecho del trabajador a revocar autorizaciones de descuento abusivas, que en muchos casos son utilizadas por asociaciones o entidades financieras sin controles adecuados.