Un juez de Pedro Juan Caballero ordena la liberación de una mujer tras su detención por la policía local, generando una controversia en la comunidad.
El Juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco Torracal, emitió este lunes una resolución que libera a Juana Estela Torres Caballero, de 51 años, quien había sido arrestada el pasado sábado. Esta detención, realizada por agentes de la Subcomisaría 17ª de la colonia Fortuna Guazú, se llevó a cabo para hacer cumplir una orden de alejamiento judicial en su contra.
La razón detrás del arresto de Torres Caballero radica en una denuncia presentada por miembros de otra comisión del mismo asentamiento, quienes la acusaron de hostigamiento. Este hecho sucedió dentro del asentamiento Hechapyrã, un área donde la comunidad está conformada por varias familias que han estado luchando por sus derechos sobre la tierra.
Los operativos de arresto fueron coordinados por el Comisario Hugo Alfredo Velázquez, jefe de la Subcomisaría 17ª. Al momento de la detención, fue reportado que la mujer mostró resistencia, hecho que terminó en el uso de fuerza por parte de los agentes, quienes arrastraron a Torres Caballero hacia la patrullera y la llevaron a la Comisaría 12ª de mujeres.
La situación provocó un gran revuelo en la comunidad, y a pesar de la detención y de que la orden de alejamiento sigue vigente, varios ocupantes del asentamiento se manifestaron la mañana del lunes frente al Palacio de Justicia. Los manifestantes expresaron su apoyo a la mujer, resaltando su papel como líder de la comisión que encabeza la lucha por la defensa de derechos sobre las tierras ocupadas.
Aunque Torres Caballero recuperó su libertad en la tarde del mismo lunes, la orden judicial impide su regreso al asentamiento donde residen sus familiares. Esta restricción ha generado un clima de preocupación entre los miembros de la comunidad, quienes temen que la situación particular de Torres Caballero afecte el proceso de reivindicación de los derechos territoriales que están llevando a cabo.
La detención y la posterior liberación de Juana Estela Torres Caballero han alcanzado resonancia no solo en Pedro Juan Caballero, sino también en otras partes de la región, planteando interrogantes sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y el trato hacia los ciudadanos en situaciones de conflicto civil. Se espera que el caso tenga repercusiones en futuras decisiones judiciales y en el abordaje de conflictos relacionados con la tenencia de tierras en la zona.
