Pobladores de un asentamiento en Pedro Juan Caballero demandan atención urgente por el estado crítico de un puente, el cual representa un grave riesgo para sus vidas y seguridad.
Unas 180 familias del asentamiento San Rafael, situado en las proximidades de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, enfrentan serias dificultades debido a las condiciones inadecuadas de un puente de madera. Este puente es la única vía que conecta la comunidad con el resto de la ciudad y, según informes de los pobladores, ha estado en mal estado durante años. “Hemos reportado este problema en múltiples ocasiones; un ciudadano murió porque la ambulancia no pudo cruzar el puente para asistirlo”, compartió Édison Villalba, un residente del lugar.
Eduardo Alcaraz, otro residente, hizo un llamado a las autoridades locales para que atiendan esta urgente necesidad. “Hemos estado lidiando con este problema durante mucho tiempo; necesitamos el apoyo de nuestras autoridades”, afirmó. Los pobladores expresaron que no desean más tragedias vinculadas al peligroso estado del puente, que ha cobrado vidas en la comunidad.
Las preocupaciones de los residentes no solo se limitan al estado del puente, sino también a las condiciones generales de la zona. María Aparecida González, pobladora del asentamiento, comentó sobre los riesgos que implica para los motociclistas transitar por la área. “Ya me he caído varias veces; el camino está en pésimas condiciones”, subrayó. Además, enfatizó la necesidad de mejorar la iluminación de las calles, que actualmente son peligrosamente oscuras.
Exigencia de una respuesta institucional
En respuesta a la creciente preocupación de sus electores, el concejal Cristian Franco, presidente de la Junta Departamental de Amambay, ha anunciado que solicitará un informe sobre la situación del puente. Franco recordó que desde hace cinco meses, el órgano legislativo había declarado de emergencia departamental la infraestructura, lo que debería haber llevado a acciones inmediatas por parte del Ejecutivo. “Es fundamental que estas preocupaciones sean atendidas de manera prioritaria”, afirmó el concejal.
La comunidad de San Rafael se encuentra en una situación crítica, donde la falta de respuesta de las autoridades ha llevado a circunstancias que podrían derivar en tragedias aún mayores. Los vecinos insisten en que no se trata solo de un problema de infraestructura, sino de una cuestión de seguridad y bienestar social. Están dispuestos a seguir presionando para que se realicen mejoras que garanticen su seguridad y calidad de vida.
Los residentes continúan esperando una respuesta céntrica que aborde sus demandas. El miedo a perder más vidas debido a la falta de atención institucional ha llevado a la comunidad a un punto crítico. Es imperativo que las autoridades locales escuchen los reclamos y actúen en consecuencia para evitar situaciones dolorosas que ya han afectado a muchas familias en la región.
