Escándalo en el Reino Unido: filtración de lista de afganos pone en riesgo vidas
La reciente filtración de una lista confidencial de afganos evacuados al Reino Unido ha desatado un gran escándalo que pone en evidencia la precariedad del proceso de reubicación y la clara responsabilidad del gobierno británico. Esta situación ha generado preocupación internacional por la seguridad de miles de individuos en Afganistán.
El Ministerio de Defensa británico admitió que, tras la retirada de las tropas en 2021, se produjo un grave fallo al manejar la información personal de aproximadamente 18,700 afganos. Estos nombres estaban incluidos en la lista de solicitantes del programa de asistencia y asilo, destinado a aquellos que trabajaron con el ejército británico en Afganistán. La revelación de dicha lista ha generado un clamor por justicia y protección en un contexto altamente peligroso.
En febrero de 2022, un soldado filtró la lista que contenía no solo nombres, sino también datos de contacto y detalles familiares de personas en situación vulnerable. Como resultado, el gobierno conservador de la época tomó la inusual medida de obtener una "superorden de precaución" de un juez, prohibiendo incluso la mención de la existencia de la lista, después de que se conoció una amenaza de difusión en redes sociales.
El secreto fue roto, y algunos nombres empezaron a circular públicamente en agosto de 2023, lo que generó una ola de críticas hacia el gobierno. Nueve meses después de la filtración, el actual gobierno laborista lanzó un programa de reubicación secreta para proteger a aquellos cuyos nombres figuran en la lista. Hasta ahora, 4,500 afganos han logrado llegar al Reino Unido, aunque la preocupación persiste por la seguridad de aquellos que aún permanecen en el país bajo el régimen talibán.
En una declaración oficial, el Ministerio de Defensa se disculpó sinceramente, reconociendo que los datos personales no habían sido protegidos de acuerdo con los estándares del gobierno. Aunque afirmaron que no hay evidencia de que la lista haya sido utilizada por potenciales amenazadores, la posibilidad no puede ser descartada, lo que pone en riesgo la vida de muchos.
El juez Martin Chamberlain, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, recientemente anuló la superorden de precaución, permitiendo que los detalles de la filtración salieran a la luz sin poner en peligro a los afectados. El gobierno estima que al menos 600 soldados afganos y 1,800 de sus familiares que figuran en la lista siguen vivos en Afganistán, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del programa de evacuación.
La situación financiera también es alarmante. Según informes, el programa secreto ha costado cerca de £400 millones (aproximadamente $460 millones), y se espera que se requiera una cantidad similar para completar las evacuaciones restantes. Este mal manejo de recursos públicos ha suscitado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad del gobierno en decisiones que afectan vidas humanas.
Al respecto, al menos 900 de los afganos afectados están preparando una demanda contra el gobierno británico, buscando una compensación que podría alcanzar hasta £250 millones (alrededor de $288 millones). Los abogados que representan a estas personas lamentan lo que han definido como un "fracaso catastrófico del gobierno".
Finalmente, el ejecutivo laborista actual se ha visto presionado para asumir la responsabilidad de los errores cometidos. La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha anunciado que se reservarán miles de millones de libras para garantizar que se continúe con el proceso de evacuación para aquellos afganos amenazados. Este escándalo ha puesto de relieve las complejidades que rodean la asistencia a personas en conflicto y la responsabilidad moral de las naciones involucradas.