Nueve organizaciones del ámbito civil advierten al presidente Santiago Peña que incurrirá en una “gravísima” violación de la Constitución y del Tratado de Itaipú al fijar una tarifa superior al costo del servicio de la entidad binacional.
Previamente, las organizaciones civiles explican que con el monto de referencia, US$ 19,28 por KWmes, la mitad paraguaya de la potencia instalada disponible para contratación demandará a la ANDE US$ 1.403 millones, “una cifra fuera de su alcance”.
Añaden que si se hubiera aplicado el Tratado y que la tarifa, por ende, fuese de US$ 9 por KWmes, la ANDE hubiera requerido solo US$ 655 millones por año para disponer de la mitad paraguaya, una posibilidad que alejan por decisión propia.
Sobre las causas de esta decisión, añade que al presidente Santiago Peña “le interesa que le sobre dinero en Itaipú para un manejo discrecional”.
