Mientras los empresarios del transporte exigen el pago de millonarios subsidios al Estado y amenazan con un nuevo paro, los desembolsos públicos al sector alcanzan cifras récord, sin que los usuarios perciban mejoras en el servicio. En cinco años, el monto transferido aumentó 568%, mientras la prometida reforma del sistema sigue sin concretarse.
Sin embargo, lo que no menciona el líder de los transportistas es el significativo aumento en el desembolso del subsidio, el cual, según los usuarios, no se traduce en una mejora del servicio.
De este modo, el gasto estatal en esta subvención experimentó un aumento del 568% en los últimos cinco años. En 2019, la cifra fue de G. 52.011 millones. Al cierre de 2024, ascendió a G. 347.408 millones, de acuerdo con datos oficiales.
Viceministro en conferencia internacional
En medio de estas amenazas, el viceministro Fernández no se encuentra en el país, pues viajó a Alemania para participar en un foro mundial del transporte, por lo que no está concediendo entrevistas a los medios. El conflicto principal con los transportistas radicaría en el desacuerdo respecto al cálculo de la tarifa técnica promedio, lo que podría derivar en descuentos sobre los montos ya desembolsados.
La tarifa técnica se calcula considerando la cantidad de validaciones (pagos con billetaje electrónico), los kilómetros recorridos, el precio del combustible, el tipo de cambio y otros factores variables y fijos. Estos datos son obtenidos a través del Centro de Control y Monitoreo del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico y del relevamiento de costos del sector.
¿Por qué aumentó el subsidio?
Cuando se le planteó que, teóricamente, un aumento de pasajeros debería reducir la tarifa técnica al repartir los costos fijos entre más usuarios, Fernández respondió que el aumento de unidades y kilómetros también impacta en las variables del subsidio, generando un efecto contrario.
La reforma prometida que sigue sin llegar
Ya casi finaliza el primer semestre del año y el MOPC, dirigido por Claudia Centurión, sigue sin presentar el prometido plan de reforma a través del Viceministerio de Transporte.
Cada prestador deberá recibir sus remuneraciones correspondientes. Para estos pagos, se creará un fideicomiso en el que el Estado depositará, con un año de antelación, los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de las empresas adjudicadas, considerando que el precio del pasaje no será suficiente para cubrir las inversiones previstas.
Según la institución, la reforma busca mejorar la seguridad y eficiencia del sistema mediante innovaciones tecnológicas, como la integración tarifaria para transbordos con costos reducidos, ajustes en los itinerarios y una mayor cobertura. Pero el proyecto de ley nunca fue presentado.