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El proceso con que Morena perfiló sus candidatos a las 17 gubernaturas de 2027 ha desatado una controversia comprensible, pero más estridente que precisa. Abundan las lecturas de conspiración, reparto de cuotas o pleito sucesorio, cuando la realidad es menos novelesca y más política: Morena administra una coalición heterogénea, con gobernadores fuertes, aliados incómodos, liderazgos locales de distinto origen y una Presidenta obligada a combinar competitividad electoral con un mínimo de congruencia pública.
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