Considerando las recientes declaraciones de autoridades del Poder Ejecutivo, el gobierno de Santiago Peña estaría analizando como Plan B a su pretensión de elevar la tarifa de Itaipú, el vender la energía excedente en el ámbito local a empresas dedicadas a la criptominería.
“La industria que capta mano de obra y mucha energía tal vez tarde un poco más (en venir al país), porque tiene su proceso, entonces vamos a mirarle a las criptomineras con otros ojos y a usar la característica que tienen para monetizar nuestra energía que le estamos vendiendo al Brasil a un costo muy bajo”, dijo recientemente.
“Hay un giro de parte del Gobierno con relación a lo que tiene que ver con las mineras”, agregó.
Por otra parte, en la audiencia pública realizada el martes pasado en el Senado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la criptominería en el país, directores de la ANDE resaltaron que este año la institución facturará a las criptomineras US$ 100 millones y que el próximo se duplicará ese monto.